FISCALÍA CUENTA CON ÁREA ESPECIALIZADA PARA INVESTIGAR A FUNCIONARIOS CORRUPTOS

 

El Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, explicó que la institución a su cargo cuenta con un área especializada dedicada a investigar a funcionarios o servidores públicos que aprovechando de su cargo, hayan incrementado su patrimonio de manera desproporcionada en relación a sus ingresos.  “Contamos con el área de Enriquecimiento Ilícito que investiga a los altos funcionarios políticos que tienen la prerrogativa del antejuicio político y, a funcionarios públicos que están en pleno desempeño de sus funciones”, explicó.  Indicó además de acuerdo a estadísticas del Ministerio Público “hay un avance muy significativo en las investigaciones en curso por Enriquecimiento Ilícito”, las cuales –prosiguió– “muchas de ellas se encuentran en la Etapa de Investigación Preparatoria”, teniendo en cuenta que está bajo la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).  En su discurso, destacó también el buen desempeño de las Fiscalías Anticorrupción, que funcionan en todas las regiones del país, que han logrado aplicando el nuevo modelo procesal alrededor de 5,613 casos con sentencias condenatorias.  En ese sentido, subrayó que el Ministerio Público en su lucha contra la corrupción cumple con capacitar constantemente al personal fiscal a nivel nacional. “Estamos haciendo un esfuerzo para capacitar al personal fiscal a nivel nacional, en la aplicación del nuevo modelo procesal penal. Este modelo cambia los roles del fiscal, del juez, de los abogados y hasta de los testigos y de las víctimas; por lo que debemos contar con fiscales especializados, que puedan demostrar su destreza y conocimiento en esta materia”, enfatizó.  Otra de las acciones realizadas desde la Fiscalía de la Nación para hacer frente a la corrupción que, alcanza las esferas más altas del país, es la creación de un registro de peritos profesionales.  Peláez Bardales explicó que frecuentemente se requiere de peritos especializados en contabilidad, finanzas, ingeniería civil y otras especialidades, cuando se trata -por ejemplo- de investigaciones que dan cuenta de obras de construcción mal hechas, no terminadas o abandonadas y éstas deben valorizarse, a fin de establecerse la existencia de comisión de delitos.  De otro lado, afirmó que los fiscales no están exentos de ser pasibles de denuncias o sanciones internas de comprobarse alguna conducta que configure en la comisión de un delito.  “Nosotros aplicamos con mucha rigurosidad sanciones a los fiscales cuando se determina que han incurrido en responsabilidad administrativa o en alguna acción que pueda configurar un delito”, dijo.  De ser el caso –afirmó– que inmediatamente se pone a término la designación del magistrado, sin perjuicio de la investigación que corre a cargo de la Fiscalía Suprema, de Control Interno, de las Fiscalías Desconcentradas o en todo caso de un fiscal competente que formule denuncia o acusación fiscal.  Finalmente recordó que en su gestión se vienen realizando con éxito las Audiencias Públicas en distintos distritos fiscales donde se orienta a la población y a las autoridades regionales sobre los logros alcanzados con la puesta en vigencia del NCPP.  Agregó que en estos encuentros con la ciudadanía se reciben las opiniones de los gremios profesionales y de la ciudadanía general. Por último, celebró que exista un balance positivo en la percepción que tiene el público hacia la institucionalidad del Ministerio Público.  “Estamos entre las instituciones menos corruptas de acuerdo a la última encuesta de Proética, y queremos seguir en ese camino”, puntualizó.  Estas declaraciones las realizó durante la suscripción del acta de Acuerdo Interinstitucional contra la Corrupción 2013 – 2016 que se llevó a cabo en el Congreso y contó con la participación del presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza; del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor y del ministro de Justicia, Daniel Figallo Rivadeneyra, entre otras autoridades.  OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL