Justicia indígena. Escudados con arpón, arco y flechas, y amenazando con encender balones de gas, un grupo de pobladores indígenas evitaron el ingreso de la policía y hombres contratados por el denunciante para desalojar de su vivienda a la humilde anciana Rosa Robledo Ahuanari.
El denunciante es su exyerno, quien habría falsificado la firma de la anciana para poder hipotecar su vivienda. Por tercera vez defendieron la propiedad de la anciana, sin temor a represalias, y frustraron la orden del Primer Juzgado Especializado en lo Civil, que dispuso el lanzamiento con el argumento de que la anciana no pudo probar que la firma es falsa. Sin embargo, sus familiares mostraron en un peritaje grafotécnico todo lo contrario. Los gritos de justicia y de socorro de las hijas y nietos de la anciana, llamaron la atención de sus vecinos, quienes sin pensarlo dos veces se sumaron a la guardia. Cuando los policías pretendían ingresar al domicilio, se expusieron a recibir un flechazo desde el techo de una casa. Los agentes del orden comenzaron a sentir temor cuando los familiares de la anciana, se disponían a encender dos balones de gas y arrojarlos a ellos, para evitar que den un paso más, esto pese a que uno de los policías les amenazó con lanzarles una bomba lacrimógena, ante la mirada atónita de los vecinos. “Un paso más y acabamos con sus vidas a flechazos”, se escuchó decir desde el techo de la vivienda. Cinco indígenas con sus vestimentas nativas y los rostros cubiertos, juraron proteger la propiedad, así les cueste la cárcel. Por ello la especialista legal Pizarro Osorio, que llegó en representación del juez Felipe David Palacios, suspendió el desalojo. La especialista legal salió de la diligencia custodiada por la policía. El denunciante Luis Enrique Urbano, junto a su abogado y un grupo de hombres que lo protegían, también se marcharon, en medio del aplauso de los demandados. Raúl Lunazco Cabezas, abogado de la anciana, manifestó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió una medida cautelar, y que en las próximas horas lo informarán a la Corte Superior de Justicia de Lima, para que apruebe el respaldo de la anciana de la etnia Cocama. (Miller Murrieta)
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